La reforma que se someterá a aprobación esta semana deja fuera a la mayoría de los actuales representantes.
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Los nuevos estatutos de Caja Segovia que se tendrán que adaptar al Decreto Ley de las Cajas de Ahorro de Castilla y León afectan directamente a la mayoría de los actuales miembros del Consejo de Administración, hasta el punto de que casi todos tendrían que abandonar sus actuales responsabilidades en la entidad. La misma situación se da en otros órganos, como en la Comisión de Control y en la Asamblea General.
Precisamente será esta semana cuando se reúna en asamblea general ordinaria el máximo órgano de gobierno de Caja Segovia. Y en él se decidirá sobre la modificación estatutaria.
De los muchos cambios que podrían aplicarse destaca el régimen de incompatibilidades que afecta a los actuales representantes. Uno de ellos dice explícitamente que no podrán ser compromisarios ni miembros de los órganos de gobierno quienes desempeñen un cargo político electo. En esta línea, de los 17 miembros del actual consejo de administración de Caja Segovia, siete ostentan esta cualidad.
También se verán afectados otros tres consejeros por superar la edad permitida o por haber rebasado el tiempo máximo de permanencia en el cargo. Y otra cantidad similar podría incurrir en limitaciones por mantener créditos en las empresas de las que son dirigentes.
Entre las personas afectadas figura el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto. Su permanencia en la entidad data de 1991. Aunque la preside desde el 15 de febrero de 1997, entró a formar parte de los órganos de gobierno el 11 de octubre de 1991. Accedió de forma provisional por dos meses hasta que se celebraran elecciones sustituyendo a Octaviano Palomo, quien debió abandonar el puesto al contemplar un máximo de permanencia el régimen estatutario de Caja Segovia. Aquel cambio normativo afectó a otros consejeros ya que el consejo de administración quedó entonces reducido de 23 a 15 miembros.
Representante del Colegio Universitario como entidad de interés general, su cargo ha estado en permanente expiración, pero sucesivas prórrogas lo han mantenido.
Por tiempo de permanencia también se vería afectado Eduardo Aguado, que supera los doce años como consejero. Es el representante los empleados y lo hace por el sindicato CCOO.
En el grupo más numeroso se encuentran los representantes de las corporaciones locales y que ostentan cargos electos. Es el caso de Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia, y también el de Javier Santamaría, concejal en Segovia y presidente de la Diputación.
También se vería inmerso en la incompatibilidad el actual alcalde de Collado Hermoso y diputado provincial, Miguel Ángel de Vicente. Y su compañera de partido, y alcaldesa de Sepúlveda, Concepción Monte, también debería dejar el cargo. Se trata de la consejera más novel, pues entró en sustitución de Beatriz Escudero cuando ésta última fue elegida senadora.
Otro cargo electo afectado y que es representante de las corporaciones locales es Fernando Aceves González, concejal de Coca.
A José Luis Sanz Merino y a José Pablo Lozoya —ambos representantes de las Cortes regionales por distintos partidos políticos— les afecta directamente la normativa, pues el primero tendría que dejar el consejo por ser concejal en Escalona del Prado, mientras Lozoya podría permanecer. A ambos les une el que en sus votaciones sobre el nuevo SIP con Caja Madrid se han postulado en contra de las directrices de sus partidos en Valladolid.
Y también como cargo electo figura el procurador Juan José Sanz Vitorio, también representante de las Cortes regionales por el PP.
Más curioso es el caso de otro cargo electo que dejó de serlo el pasado verano. Se trata de la ya ex concejala de Segovia Elena García Gil, vicepresidenta de Femur, que forma parte del grupo de impositores, y vicepresidenta del consejo. Ella podrá quedarse al menos hasta las próximas elecciones.
Por edad no podrán estar otros dos consejeros representantes de los impositores, Manuel Berzal y Bonifacio de Frutos, que han superado los 70 años. Y a Pedro Palomo y a Juan Manuel de la Puente podría afectarles la relación de sus empresas con la entidad.
Por último, sólo quedan, de momento, indemnes de esta “catarsis legislativa” el actual vicepresidente primero Manuel Agudíez Calvo, que representa a las Corporaciones locales; y Fidel García, del grupo de empleados de Caja Segovia.
En la Comisión de Control, con siete miembros, la “purga” también es importante. A la presidenta, Rosario Díez, de Cáritas, no le afecta pues no incurre en principio en ninguna incompatibilidad. Al contrario le pasa al vicepresidente, Jesús Pastor García, alcalde de Bernardos. A punto de afectarle habría estado Felicísimo del Pozo, que se presentó como candidato a la Alcaldía de Valdeprados, aunque sólo cosechó un voto.
Jesús Sánchez y José María Llorente representan a empresas cuya relación con la entidad podría conllevar alguna limitación.
No les afectaría el cambio estatutario a los representantes sindicales Dolores Romero (STE) e Ignacio Velasco (CCOO).
En cualquier caso, los cambios en el Decreto Ley aprobado por la Consejería de Economía establece que el próximo año deberán celebrarse elecciones en el primer cuatrimestre de 2011, que tendrán que ser convocadas por la Junta de Castilla y León.
Fuente de la noticia: El Adelantado de Segovia, 29 de Noviembre 2010