El procedimiento había sido cerrado, pero la Audiencia estimó un recurso de Aguaiuris al considerar que existían elementos suficientes para investigarlo.
La madrugada del 13 de enero de este año algo cambió para siempre en los vecinos de Tierra de Pinares. Mientras buena parte de la comarca dormía, las máquinas de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) comenzaron el derribo de la presa de Puente Mesa, en el río Cega, entre los términos municipales de Veganzones y Cabezuela. Aquella actuación, ejecutada sin previo aviso y pese al compromiso institucional adquirido años antes para conservar la infraestructura, provocó indignación social, protestas vecinales y un intenso debate sobre patrimonio, medio ambiente y gestión administrativa. Cuatro meses después, el caso continúa vivo en los tribunales.
El Juzgado de Sepúlveda ha acordado ahora reabrir formalmente el procedimiento judicial, admitir la denuncia presentada por la organización de consumidores y usuarios de agua AGUAIURIS y poner en marcha diligencias de instrucción para investigar la demolición del azud. En un auto fechado el 30 de abril, el juzgado encomienda al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la investigación de los hechos y solicita a la CHD el expediente íntegro relativo a la actuación, incluidos los informes técnicos sobre su posible impacto histórico y ambiental.
La resolución supone un nuevo giro en un conflicto que parecía archivado judicialmente hace apenas unas semanas. El procedimiento había sido cerrado inicialmente por el Juzgado de Sepúlveda, pero la Audiencia Provincial de Segovia estimó el recurso presentado por AGUAIURIS y ordenó reabrir la causa al considerar que existían elementos suficientes para investigar si la demolición pudo ocasionar daños relevantes tanto al medio ambiente como al patrimonio histórico. El nuevo auto judicial da ahora un paso más y abre de manera expresa la fase instructora. El objetivo será determinar si la actuación desarrollada por la Confederación Hidrográfica del Duero en la Zona de Especial Conservación 'Riberas del río Cega y afluentes' se ajustó plenamente a la legalidad o si, por el contrario, pudo provocar consecuencias que deban ser depuradas judicialmente.
Desde AGUAIURIS consideran que la decisión judicial confirma que el caso «nunca debió archivarse sin investigación». La asociación, presidida por la abogada Pilar Esquinas Rodrigo, sostiene desde el inicio que la demolición de Puente Mesa no puede entenderse únicamente como una actuación técnica sobre una infraestructura en desuso, sino como una intervención de enorme trascendencia pública por sus efectos sobre el cauce del Cega, el ecosistema de la zona y el patrimonio hidráulico tradicional vinculado históricamente a Veganzones y Cabezuela.
La presa de Puente Mesa formaba parte de uno de los enclaves más reconocidos de la comarca. Su origen podría remontarse a época medieval y durante décadas constituyó un símbolo del paisaje y de la memoria colectiva de los vecinos. Precisamente ese valor patrimonial y sentimental llevó en 2022 a la creación de movilizaciones ciudadanas y plataformas vecinales para evitar su desaparición.
Entonces, tras las protestas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Delegación del Gobierno en Castilla y León anunciaron públicamente que el azud no sería demolido y que incluso se estudiaría su restauración, reconociendo su relevancia histórica e identitaria. Sin embargo, en enero de este año la CHD ejecutó finalmente el derribo alegando motivos de seguridad, abandono de la infraestructura y necesidad de garantizar la continuidad fluvial del río conforme a la normativa europea de restauración ambiental.
La actuación provocó una fuerte reacción en los municipios afectados. Vecinos y alcaldes denunciaron entonces sentirse engañados por la forma en la que se ejecutó la demolición y criticaron que los trabajos se realizaran durante la noche y sin comunicación previa.
Con la reapertura del procedimiento, el foco se sitúa ahora sobre el expediente administrativo y sobre las conclusiones que pueda aportar el Seprona. La investigación deberá aclarar cómo se autorizó la demolición, qué informes técnicos la respaldaban y cuáles han sido las consecuencias reales sobre el entorno natural y patrimonial del río Cega.